Associació memòria de Mallorca. CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Gener 27th, 2012

Benvolgudes companyes i benvolguts companys,

D’acord amb el que marquen els nostres Estatuts, es convoca la VI Assemblea General.

Data: 25 de febrer de 2012

Lloc: Can Alcover,  a Palma (Carrer de Sant Alonso, 24.) 

Hora: A les 10 en primera convocatòria i a les 11 en segona

Ordre del dia:

1.   Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2.   Memòria 2011-2012.

3.   Processos judicials.

4.   Projectes assolits i projectes en procés.  

5.   Aprovació càrrecs 2012-2014.

6.   Precs i preguntes.

Aprofitam per recordar-vos que podeu ingressar la quota anual de socis 2012 al compte corrent 2100 0649 88 0200158445 de la Caixa,  indicant el vostre nom i el concepte, o si ho preferiu abonar-la el dia 25 de febrer a la mateixa Assemblea.

Gràcies pel vostre suport i fins aviat.

Salut i Memòria!!

Maria Antònia Oliver París. Presidenta Associació Memòria de Mallorca. Palma, 25 de gener de 2012.

Gener 26th, 2012

La espera de las víctimas. Hablan familiares de los represaliados durante el franquismo que declararán en el juicio contra Garzón. La impunidad de los crímenes sigue pendiente desde la Transición

Gener 22nd, 2012

ELENA HERRERA (Público, 22 de gener 2012)

Insisten en que no les mueve la venganza, tampoco el rencor. Lo que pretenden es limpiar el nombre de sus padres o abuelos, darles un enterramiento digno para tener un lugar en el que poder llorarles. E invertir los papeles: que los suyos dejen de ser los miserables y sus asesinos los héroes a los ojos de la Justicia y de la historia.

Aseguran no estar cansados, a pesar de que todos llevan años luchando contra el olvido y buscando la dignificación pública de sus familiares, represaliados por Franco. Son los hijos y los nietos de los que perdieron la Guerra Civil y el próximo mes de febrero declararán como testigos en la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

Manuel Muñoz Frías. Hijo y hermano de represaliados

Al padre de Manuel Muñoz Frías, Miguel Muñoz Aguilar, no le sirvió de mucho, al poco de estallar la guerra, acudir a la plaza de su pueblo, Comares (Málaga), a auxiliar a una vecina que le había dicho que “unos republicanos habían apresado a los señoritos del pueblo”. Se plantó allí y dijo que mientras él fuera responsable político (era secretario local del PSOE y de la UGT) “en Comares no se mataba a nadie”. Miguel, campesino de profesión, fue fusilado meses después, el ocho de marzo de 1937 y enterrado en una fosa común de la que todavía no ha podido ser rescatado. Este pasaje es el primero que cuenta Manuel, de 80 años, cuando se le pregunta por la historia de su vida.

“El franquismo destrozó a mi familia. A mi padre le habían recomendado que se fuera del pueblo, pero no quiso. Una noche la Guardia Civil vino a buscarlo, lo sacaron de la cama, le ataron las manos con un alambre y se lo llevaron. Un tribunal militar le condenó a muerte dos días después… y lo fusilaron. Me quedé sin padre con 6 años y éramos siete hermanos”, cuenta Manuel, que en febrero declarará como testigo del juicio contra Garzón en el Supremo. “A los pocos días los falangistas volvieron a casa y se llevaron a mi hermano Miguel para que luchara en el bando de los asesinos de nuestro padre. Desertó, pero le cazaron. Lo mandaron a campos de concentración de Ávila y Sevilla, lo reventaron a palizas… Murió el 4 de julio de 1940. Nos enteramos porque alguien nos hizo llegar una bolsita con sus enseres: un peine, una pastilla de jabón, un bote de pasta de dientes”, recuerda.

Pero la desdicha de Manuel y su familia no acabó ahí. “También vinieron a por mi madre. La Guardia Civil llegó un día a una finca en la que vivíamos entonces y se la llevaron a rastras, con las manos atadas. Estuvo en la cárcel dos o tres meses. No le dieron ninguna explicación. Nosotros quedamos desamparados”.

Cuando salió de prisión, la familia decidió emigrar a la capital, Málaga, para intentar deshacerse de un estigma, el de ser una familia de izquierdas, con el que era difícil de vivir en el pueblo. Pero en Málaga también llevaron “una vida terrible”, cuenta Manuel. “Mis hermanos y yo comíamos las sobras de comida que mi madre se echaba al bolsillo en un hotel en el que trabajaba limpiando: un trozo de filete, un mendrugo de pan, una fruta… hasta que el jefe del hotel se enteró y le empezó a regalar comida para que mi madre nos alimentara . Eso lo cuento para se sepa que también había gente buena”, relata Manuel con la voz entrecortada.

Otro de sus hermanos, Juan, decidió cuando tenía 16 años ir a luchar en el bando republicano. “Lo dimos por muerto y, 20 años después, ya en los cincuenta, llegó una carta diciendo que estaba vivo. Mi madre se desvaneció″, recuerda Manuel. Juan se había ido de España en 1939, estuvo en el maquis francés y luchó contra el nazismo en la resistencia. No pudo regresar a España hasta que llegó la democracia.

“Cuando empezamos a crecer nos dimos cuenta de por qué éramos unos desgraciados. Tardé años en darme cuenta de que un canalla, un terrorista, había decidido que miles de niños se quedaran huérfanos, como yo, y miles de mujeres viudas, como mi madre”, relata.

Manuel, bregado durante su juventud y madurez en las luchas vecinales y sindicales, ha dedicado los últimos de su vida a la recuperación de la dignidad de su familia. Al juicio acudirá con un maletín en el que guarda con mimo la documentación que acredita “todo el sufrimiento” de su vida. “No nos anima el deseo de venganza, pero llevamos 33 años esperando y ahora van a procesar al único magistrado que se ha interesado en mi historia. No es justo”, lamenta.

Mª Antònia Oliver París. Nieta de fusilado

El abuelo de María Antònia Oliver París, Andreu París, fue detenido en agosto de 1936. Meses antes, cuenta María Antònia, había firmado la constitución de la agrupación socialista de Inca (Mallorca). “Primero estuvo preso en su pueblo y después en Mallorca. Mi madre, que se había traslado a vivir a la capital a casa de unos familiares, era la encargada de llevarle la comida. Era un niña, tenía 12 años, pero iba a la prisión un día sí y otro no. Al principio de la primavera, en marzo de 1937, el centinela le dijo que no volviera, que lo habían puesto en libertad”, relata María Antònia, que el próximo dos de febrero también declarará como testigo en la causa abierta contra Garzón.

En aquella época, cuenta la nieta de Andreu, era habitual que dijeran a los familiares que habían soltado a los suyos, pero no era verdad. Era lo que se conocía como las sacas. “Por la noche llamaban a un grupo de presos, algunos falangistas los recogían y se los llevaban para matarlos”, explica. María Antònia cree que su abuelo fue asesinado en la tapia de la iglesia de Santa Creu, en Porreres (Mallorca). No tiene ningún documento que lo acredite porque eran muertes de las que no hay constatación oficial, pero lleva años recabando testimonios de vecinos de Porreres que así lo atestiguan.

“Mi madre y mi abuela acudieron a diversas administraciones para preguntar dónde estaba mi abuelo. Nunca les dijeron nada. Al final, sólo pedía que le dieran su cuerpo”. Pero al dolor de la muerte del padre, se unió el del estigma de ser una familia de izquierdas. “Eran rojos y no tenían derecho a nada, ni lo tuvieron nunca. Mi abuela nunca cobró una pensión de viudedad, era la marginación total”, relata la nieta. En su casa, recuerda, siempre se habló de la historia de su abuelo pero, conforme fue creciendo, se dio cuenta de que tendría que ser ella la que se encargara de recuperar sus restos e investigar lo sucedido. Por ello, decidió, primero, impulsar la asociación Memòria de Mallorca y, después, acudir a la Audiencia Nacional. “Cuando vimos que la Audiencia Nacional era capaz de investigar los crímenes de la dictadura argentina nos llenamos de esperanza. Pensamos que era imposible que nos amparara a nosotros, los hijos y los nietos de los desaparecidos en la Guerra Civil”.

Ahora, con Garzón a punto de sentarse en el banquillo por declararse competente para investigar crímenes como el de su abuelo, María Antònia siente que, de nuevo, han perdido “los de siempre”. “Este proceso abre nuevas heridas, porque el dolor es algo que no prescribe, que pasa de generación en generación”, denuncia. Agotadas ya todas las opciones en España, la nieta de Andreu París ha ido a buscar justicia para su abuelo y para otros represaliados de Mallorca al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Porque, si algo tiene claro, es que está dispuesta a luchar “hasta el final”.

Olga Alcega. Nieta de fusilado

Olga Alcega no llegó a conocer a su abuelo Antonio Alcega Lázaro, fusilado el dos de septiembre de 1936 en Magallón (Zaragoza) por un grupo de falangistas, pero ha dedicado gran parte de su vida a recuperar su cuerpo y su memoria. Comenzó a buscar a finales de los setenta, de la mano de su padre. Pero el intento de golpe de Estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981, volvió a meter el miedo en el cuerpo de la gente. “Se dejó de buscar, volvió el silencio… ¡Han sido siempre tantos los muros que nos han puesto!”, lamenta. A partir del año 2000 fueron los nietos los que cogieron el testigo. Y comenzaron a tirar con más fuerza.

El proceso desde entonces ha sido largo, lleno de momentos “amargos”, también de otros “muy felices”, pero el 9 de abril de 2010 Olga logró completar el ciclo. Los restos de 81 personas fusiladas en Magallón, entre ellos su abuelo, fueron devueltos a sus familias. En aquella ceremonia, Olga se refirió a los nietos de los republicanos fusilados como “la primera generación sin miedo”.

Antonio Alcega Lázaro era cartero en Bureta (Zaragoza), regentaba un café, tenía tierras, algunas vacas y gestionaba también una fonda en Tudela (Navarra). “Siempre me han dicho que era un hombre muy emprendedor y que tenía una cultura fuera de lo común para la época y la zona rural en la que vivía”, recuerda Olga. “Era una persona de izquierdas, pensamos que pudo militar en Izquierda Republicana, pero no tenemos documentación que lo acredite”.

La Guardia Civil fue a buscar a Antonio cuando este estaba ordeñando a las vacas en el abrevadero de detrás de su casa. “No le dejaron entrar en casa. Le llevaron al Ayuntamiento y parece que ya salió de allí muy malherido”, relata Olga. En el informe forense que ha recuperado la familia se detalla la rotura de algunas costillas y otros golpes. “Al día siguiente ya estaba muerto. Una vecina vino a decírselo a casa a mi abuela. Mi padre acababa de cumplir 10 años”, amplía.

A partir de entonces, como ocurría en casa de todos los fusilados, “comenzó un duelo durísimo”. “Les quitaron todos sus bienes, las vacas, las tierras, las yeguas, la casa… Les incautaron todo. Mi abuela nunca cobró una pensión, nunca fue viuda. De vivir holgadamente mi padre tuvo que dejar de ir al colegio porque era hijo de un rojo”, recuerda la nieta de Antonio. Su abuela tuvo que aguantar los constantes robos y registros por parte de las autoridades franquistas. Le abrieron dos expedientes, uno de incautaciones y otro de responsabilidades políticas. A día de hoy, la Justicia nunca ha investigado si esta familia merece una recompensa por el robo de sus bienes.

Olga es otra de los testigos elegidos por Garzón para declarar en la causa de los crímenes del franquismo. Ante el Tribunal Supremo, asegura que volverá a dejar claro que fueron ellos, las víctimas, los que acudieron al magistrado en busca de justicia. “Quiero llegar hasta el final. Me gustaría saber quiénes y por qué mataron a mi abuelo. Los nietos de los asesinos no tienen la culpa, pero yo tengo derecho a saber”, afirma.

Esa necesidad de hacer justicia es también un homenaje a todas las viudas que, para evitar venganzas, se llevaron muchos secretos con ellas. “Mi abuela siempre me decía que los que habían matado a su marido eran una asesinos y que sus hijos no lo tenían que ser”, sentencia.

Pino Sosa. Hija de fusilado

Cuando la democracia todavía daba sus primeros pasos en España, Pino Sosa se atrevió a pedir en el pleno del Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas), donde acababa de ser elegida concejala por el PSOE, que quería abrir el pozo de Llano de las brujas. ¿Por qué ese empeño? Sospechaba que allí yacía el cuerpo de su padre, José Sosa Déniz, también socialista, asesinado por las autoridades franquistas en la primavera de 1937. El pozo se abrió muchos años después, en 2008, y aparecieron los restos de diez personas. El padre de Pino no estaba entre ellos.

José Sosa Déniz era latero de profesión, estaba afiliado al PSOE y era el tesorero de esa formación en Arucas. Su hija Pino cuenta que su madre estaba embarazada de ella cuando lo detuvieron. Cuando nació fueron a verle a la cárcel hasta en tres ocasiones, pero sólo les dejaron verlo dos veces. Tenían que caminar 40 kilómetros para llegar a la prisión.

“El 10 de marzo de 1937 lo soltaron, los amigos le decían que se fuera, que en Arucas corría peligro. No quiso marcharse y, nueve días después, volvieron a por él”, recuerda Pino. Y esa vez sí fue la definitiva. La familia siempre sospechó que lo habían fusilado y arrojado al pozo de Llano de las brujas, pero la última exhumación demostró que no estaba allí. No obstante, Pino no pierde la ilusión de recuperar el cuerpo de su padre y asegura que en Arucas quedan otros tres “en los que se sabe que hay gente a la que fusilaron y tiraron allí”.

“Desde pequeña he estado buscando, queriendo saber más. Recuerdo que, cuando iba de paseo con mi madre, ella cogía un ramito de flores silvestres y las iba tirando a los pozos. Sabíamos y sabemos que a mi padre lo tiraron a alguno de ellos, pero era algo de lo que no se podía hablar. Aquí no hubo guerra, sino un represión tremenda. Todos tenían miedo de que se los llevaran…”, cuenta.

Pino también acudirá a declarar como testigo en el juicio a Garzón. Asegura que en el trabajo del magistrado tenía puesta la esperanza de encontrar a su padre para darle la sepultura que se merece y cerrar un capítulo de su historia. “Él comenzó a investigar porque nosotros se lo pedimos. Esto es importante”, sentencia.

Demanda del Fòrum per la Memòria del País Valencià contra l’estat espanyol en el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg. La denúncia és per genocidi i crims contra la humanitat durant el franquisme i per violació dels nostres drets fonamentals. La demanda ha estat admesa a tràmit

Gener 21st, 2012

www.forumperlamemoria.org   

facebook del Fòrum per la Memòria PV  

El Tribunal Constitucional espanyol no va admetre a tràmit un recurs d’empara presentat pel Fòrum per la Memòria del País Valencià, en relació amb el genocidi franquista i amb les 6 fosses comunes del Cementeri General de València. Aquestes fosses ocupen una superfície total de 41.020 m2 en les quals, des d’el dia 1 d’abril de 1939 fins el 31 de desembre de 1945, s’han pogut documentar 23.661 persones, totes elles hi llençades durant aquest periode.

Aquest Tribunal diu textualment “que no se ha acreditado la trascendencia constitucional del recurso”, malgrat no posar en dubte la realitat dels fets denunciats ja que especifica que “nada cabe decir sobre su verosimilitud”. En altres paraules i per si no restara prou clar –des de ja fa molts anys- que tot està lligat i ben lligat.

Tancades les portes de l’ordenament jurídic espanyol, el Fòrum ha presentat una denúncia davant el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg. Considerem que si l’Estat Espanyol nega als seus ciutadans la recerca, aclariment i reparació dels crims de la dictadura, és la nostra obligació moral insistir en la seua denúncia, exigir la veritat i demanar justícia i memòria.

Quan drets bàsics, com ara el d’informació, són conculcats per part d’un sistema polític i judicial, hereu de les trames de la dictadura, n’hi ha quelcom més que una simple voluntat d’ocultació. N’hi ha també, cap pensar, una complicitat última amb els fets que denunciem, una seqüència lògica de responsabilitat per part d’aquest estat dit de Dret amb el règim anterior, una naturalesa heretada o, sense més, continuista de l’estructura de poder franquista.

Es tracta d’una simple qüestió de Drets Humans. L’Estat Espanyol no sembla ser sensible a allò tan elemental com l’existència de nombroses fosses comunes escampades per tot el territori, repletes de persones víctimes de la repressió general, afussellades, estrangulades, ofegades, apallissades o mortes sota les terribles condicions socials que va imposar la dictadura durant tots els anys en què va oprimir la població que havia perdut la guerra.

Víctimas y memoria selectiva

Gener 21st, 2012

Rafael Escudero Alday (Público, 21 de gener 2012)

En septiembre de 2011 se aprobó la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que mejoró sustancialmente las prestaciones y ayudas contenidas en la de 1999. A su vez, la última legislatura ha confirmado el fracaso de la Ley de Memoria Histórica de 2007, incapaz de garantizar los derechos de las víctimas del franquismo mientras sus victimarios se mueren en la cama. Una ley que actualmente se encuentra a merced del Gobierno y de la mayoría parlamentaria de una derecha reacia a condenar el franquismo y reparar a sus víctimas.

La Ley de Víctimas del Terrorismo parte del carácter político de la violencia terrorista, la cual busca “subvertir el orden constitucional”. En consecuencia, la reparación y restitución integral no ha de limitarse al plano personal y familiar, sino que debe extenderse al ámbito político y, por tanto, colectivo: reconocer a sus víctimas como una referencia ética para el sistema democrático, al simbolizar la defensa de la libertad y del Estado de derecho frente a la violencia terrorista y constituir una herramienta esencial para su completa deslegitimación. De ahí que en la ley se hable no sólo de justicia y dignidad, sino también de memoria e, incluso, de construir un relato de “memoria colectiva” que contribuya a difundir los valores democráticos.

La argumentación es impecable. Pero, lo que repugna a la cultura democrática es que este planteamiento no se llevara a cabo hace apenas cinco años cuando se legisló, con más sombras que luces, la restitución de la dignidad de las víctimas de la dictadura. Conscientemente se evitó hablar entonces de memoria histórica, utilizándose en cambio los conceptos de memoria personal y familiar, para extraer así del imaginario colectivo el relato de los daños sufridos por quienes defendieron la democracia frente al golpe de Estado franquista. Unas personas cuya victimización también se debió a razones políticas. ¿O es que no fueron reprimidos por sus ideales democráticos y lealtad a la causa republicana? Entonces, ¿no merecen un reconocimiento institucional al más alto nivel como ejemplo y enseñanza para las generaciones venideras?

Esta diferente concepción tiene consecuencias en el estatuto jurídico de unas y otras víctimas. Las medidas dirigidas a las víctimas del terrorismo superan en cantidad y calidad a las reservadas para las del franquismo. De entrada, en términos económicos, ya que la indemnización por daños sufridos es manifiestamente superior en el caso de las primeras. Además, la ley de 2011 incorpora un amplio catálogo de prestaciones de carácter sanitario, psicológico, educativo, laboral y social, así como un reconocimiento de tipo institucional y simbólico que incluye la realización de actos oficiales de conmemoración, el otorgamiento de los más altos honores del Estado, la creación de un centro para la memoria o la solemne declaración de un día de recuerdo y homenaje. Este catálogo brilla por su ausencia en el caso de las víctimas de la dictadura. A sus allegados –que también son víctimas– no se extienden las prestaciones de las que sí son beneficiarios los familiares de las del terrorismo. Lejos está el Estado español de satisfacer las obligaciones internacionales que le incumben en cuanto a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos: verdad, justicia y reparación.

El relato de la democracia española cuenta con otro importante vacío, como es el relativo a la violencia política producida en los años posteriores a la muerte del dictador; una violencia cuyas cifras en términos de muertes, daños físicos y psíquicos, torturas o detenciones ilegales contradice abiertamente esa imagen “modélica” de la Transición vendida durante muchos años por la intelligentsia oficial. Fueron muchos los atentados contra los derechos de las personas cometidos con una clara intencionalidad política (generar un clima de terror que paralizara el proceso democrático) y llevados a cabo por agentes del Estado, de sus fuerzas de seguridad o por personas y grupos parapoliciales amparados o tolerados por aquellos. El sufrimiento de sus víctimas ha permanecido oculto durante mucho tiempo debido al contexto de impunidad que presidió tales acciones e impidió su investigación. Todavía hoy faltan instrumentos legales que rehabiliten su memoria y reparen el daño causado. Por un lado, la Ley de Víctimas del Terrorismo niega el carácter de “terroristas” a buena parte de las acciones violentas realizadas en ese periodo; por otro, la Ley de Memoria Histórica ampara a estas víctimas de una manera exigua y reducida, limitándose a regular una indemnización por muerte o lesiones incapacitantes ocurridas hasta octubre de 1977 y ocultando lo sucedido en años posteriores.

En suma, no hay razones que justifiquen un estatuto diferente de las víctimas de unas u otras graves violaciones de derechos humanos. Hechos de igual gravedad y similar motivación han merecido una respuesta legal diferente, rompiendo el principio de igualdad de trato consagrado en la Constitución. Además, la menor protección de las víctimas del franquismo agudiza su desamparo y contribuye a garantizar la impunidad de unos crímenes que son, al igual que los del terrorismo, imprescriptibles. Mientras el relato de todas las víctimas no tenga cabida y reconocimiento en el espacio público, el de la democracia española será un discurso incompleto o, lo que es peor, selectivo.

Garzón y la Transición

Gener 19th, 2012

Vicenç Navarro (Público, 19 de gener 2012)

Una de las concepciones más extendidas en los círculos políticos y mediáticos de mayor influencia y difusión en España es que la Transición de la dictadura a la democracia fue modélica. Liderada por el monarca, tal Transición dio como resultado –según esta versión– una democracia homologable a cualquier otra democracia existente en Europa, lo cual se consiguió sin mayores convulsiones en las instituciones políticas, económicas, financieras y mediáticas del país. El supuesto éxito de tal proceso explica que se haya querido incluso exportar este modelo de Transición a otras dictaduras que estaban bajo presión para que se transformaran en sistemas democráticos. Varias veces, el ministro de Asuntos Exteriores ha sugerido a dictaduras en declive, y a sus opositores democráticos, que tomaran la Transición española como punto de referencia.

La misma concepción que valora la Transición española como modélica (elemento fundamental de la sabiduría convencional existente en el país sobre aquel proceso), también considera ejemplar el compromiso adquirido por las fuerzas políticas mayoritarias de no hurgar en el pasado. Es decir, olvidarse de las enormes violaciones de los derechos humanos, predominantemente realizadas por las fuerzas golpistas en contra de un sistema democrático, olvido que se defendía y continúa defendiéndose como necesario para construir el futuro. Parte de este objetivo asumía que los definidos como los dos bandos del conflicto civil eran igualmente responsables de lo acaecido y que, por lo tanto, era mejor cerrar cuentas y olvidarse de lo ocurrido. De esta concepción deriva la Ley de Amnistía, en que todas las violaciones quedaron amnistiadas, ley que se considera determinante para que ocurriera la Transición, supuestamente modélica. Hay que señalar que, aun cuando las derechas fueron las que promovieron esta versión de la Transición, muchos elementos importantes fueron también asumidos por grandes sectores de las izquierdas, lo cual contribuyó a que tal percepción se reprodujera casi como un dogma.

Tal dogma, sin embargo se basó en una falsedad. La Transición no fue modélica como tampoco lo fue la democracia que estableció. Fue un proceso realizado bajo el dominio de las fuerzas conservadoras y por los aparatos heredados del régimen anterior, liderados por la monarquía, y claramente enquistados en el Estado español. No fue una Transición pactada entre iguales: antes al contrario. Las izquierdas acababan de salir de la cárcel o de la clandestinidad y del exilio.

Su peso procedía de las enormes movilizaciones de la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares que presionaron para que terminara aquel régimen. De ahí que, aun cuando el dictador murió en la cama, la dictadura muriera en la calle. No obstante, las izquierdas no tenían el poder ni para romper con aquel Estado ni para negociar en bases de igualdad, dando lugar al enorme sesgo conservador que existe, no sólo en las estructuras del Estado, sino también en las instituciones financieras, económicas, culturales y mediáticas del país. Es este poder el que explica las enormes insuficiencias del Estado del bienestar español, que 33 años después de terminar la dictadura todavía tiene el gasto público social más bajo de la UE-15. La democracia incompleta ha conducido a un bienestar claramente insuficiente.

No hay un indicador mejor de lo inmodélica que fue la Transición y de las enormes limitaciones que tiene la democracia española que lo que ocurrirá esta próxima semana. El Tribunal Supremo juzgará al único juez que se ha atrevido a exigir al Estado que encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas, honrándolos, a la vez que denunciando a los responsables. Esta situación cubre de vergüenza a toda España.

¿Cómo puede España presentarse como una sociedad democrática cuando ocurre este hecho que culmina un proceso que reproduce una de las mayores injusticias que ha ocurrido en el siglo XX en Europa? España es el país donde ha habido un número mayor de desaparecidos por causas políticas en Europa sin que se haya hecho nada sobre ello. Y cuando se quiere hacer algo, el Estado (nada menos que el Tribunal Supremo) quiere cerrar el caso y castigar al juez que osó mirar bajo la alfombra e intentar hacer algo de limpieza, reconociendo además a aquellos que fueron asesinados por su compromiso con la democracia. La comparación de lo que está ocurriendo en España con lo sucedido en otros países que sufrieron dictaduras fascistas o fascistoides semejantes es un indicador más del enorme subdesarrollo democrático de este país. En ningún otro país ha habido la ocultación de esta enorme represión, dejando indefensos a las víctimas y a sus familias, que no pueden ni siquiera honrar a sus muertos (que son los muertos de todos los demócratas) por no saber dónde se encuentran. El contraste entre el comportamiento del Estado español hacia las víctimas del terrorismo de ETA y el de las víctimas de las fuerzas golpistas y del Estado terrorista es bochornoso (no hay otra manera de definirlo).

Esta situación es indignante y vergonzosa. El Tribunal Supremo no es consciente del enorme desprestigio que el enjuiciamiento de Garzón por el caso de los desaparecidos significa para la Justicia española y para el Estado español. En el programa de humor de mayor audiencia en Estados Unidos se señalaba que, en la misma manera que Bolivia, sin mar, tiene Ministerio de Marina, España tenía Ministerio de Justicia. ¿No se dan cuenta de la vergüenza que están originando los miembros del Tribunal Supremo con su comportamiento, en el ámbito internacional? Por mera coherencia democrática debería haber manifestaciones a lo largo del territorio español en protesta por el insulto que el enjuiciamiento de Garzón supone a todas las fuerzas democráticas de España y del mundo.

El Molinar homenajea a las ´rojas´ del barrio fusiladas. L´Assemblea de Joves celebró ayer un emotivo acto en el Teatre del Mar con motivo del 75 aniversario del asesinato de cuatro mujeres comunistas

Gener 11th, 2012

R. GALÁN (Diario de Mallorca, 11 de gener 2012)

Cuatro mujeres del Molinar fueron homenajeadas ayer con motivo del 75 aniversario de su fusilamiento por el simple hecho de ser comunistas. L´Assemblea de Joves de este barrio marinero organizó un acto en honor a las llamadas les roges del Molinar, es decir, Aurora Picornell, Catalina Flaquer y sus hijas, Antònia y Maria Pascual. El Teatre del Mar fue el escenario de la lectura de un emotivo manifiesto donde se recordó que las “revolucionarias de la barriada” en la Guerra Civil “fueron humilladas y asesinadas la noche de Reyes de 1937 en el cementerio de Porreres”.


Como denunciaron los jóvenes del Molinar, el motivo de sus muertes fue “el simple hecho de defender los ideales de igualdad y justicia social”.


Ayer también se conmemoró el centenario del nacimiento de la dirigente del Partido Comunista Aurora Picornell, en un acto en el que participaron la asociación Pinyol Vermell, dos xeremiers y el cantautor Tomeu Quetglas, cuyo último disco se titula Cants aborigens: la cultura dels vençuts.

´Desapariciones forzosas como la de Julià aún no han prescrito´. Esquerra organizó ayer un homenaje al único republicano ´santanyiner´ asesinado durante la Guerra Civil

Gener 10th, 2012

TOMEU OBRADOR (Diario de Mallorca, 10 de gener 2012)

Foto: V.Càneves, M.A.C.

“Julià Vila fue el único asesinado de Santanyí. No le escogieron al azar. Lo querían a él. Era el más significado”. El historiador Cristòfol Miquel Sbert fue uno de los que intervino en la tarde de ayer en el acto de recuerdo a Julià Vila Amengual, en el 75 aniversario de su fusilamiento en la parte posterior del oratorio de la Creu de Porreres. Precisamente ayer se celebraba la onomástica de Sant Julià, festividad en la que lo mataron.


El reconocimiento, que constituyó también un recuerdo a todas las personas represaliadas, fue organizado por Esquerra de Santanyí y la Associació Memòria de Mallorca. Acudieron un notable número de santanyiners, así como algunos porrerencs y de otros municipios. No faltaron los xeremiers ni la ofrenda floral.
En el emotivo encuentro, familiares de Vila agradecieron el homenaje y afirmaron: “Nunca más se deben repetir aquellos hechos. Descansa en paz tío Julià, a la fi vos ho podem dir”. En esta línea lamentaron los 75 años de silencios, mentiras y medias verdades. Destacaron la palabra y la valentía de su pariente y que ahora se haya restituido su dignidad.


Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria Històrica, remarcó que las desapariciones forzosas no prescriben legalmente, “es como si se estuviesen cometiendo ahora mismo, y eso fueron crímenes contra la humanidad, las viudas no eran viudas, los huérfanos no eran huérfanos, no tenían ningún derecho, no podían acogerse a nada”.


Jaume Amengual, edil de Esquerra de Santanyí, rechazó las falsas historias y manipulaciones en torno a Vila: “Julià fue una persona de bien, comprometida con los valores democráticos”. Reconoció que le hubiese gustado que el homenaje tributado fuese de carácter institucional, si bien el equipo de gobierno del PP declinó su propuesta. De hecho ningún representante conservador asistió a la cita pese a estar invitado. En cambio sí que lo hicieron regidores del PSOE.


Cabe señalar que entre el público figuraban el cronista oficial de Santanyí, Miquel Pons, y el filólogo Cosme Aguiló. En el turno de los discursos, el escritor Antoni Vidal Ferrando sostuvo: “Aterra pensar el final de Julià Vila y de tantos otros inocentes”. Recitó un poema que fue muy aplaudido. En cuanto a la trayectoria de Vila, Sbert detalló que nació en 1907 y que su padre fue marinero. Al proclamarse la República lo celebró junto a sus compañeros y con vítores de visca!. Con una escalera subieron al balcón consistorial para lucir la enseña tricolor. Luego llegó a trabajar en el Ayuntamiento unos cinco años.


Andreu Rado, precursor de la iniciativa de ayer, reprochó que ésta no se hubiera organizado antes: “Estos hecho han de recordarse. No hay derecho que todos estos cuerpos sigan tirados aquí”. También criticó que haya “gent de poc cor” que no reconozca las víctimas ni acepte la memoria histórica.


El historiador y secretario de Memòria de Mallorca, Tomeu Garí, también respaldó la trayectoria de Vila por su defensa de valores democráticos, cuestionando a quienes le tachaban de dimoni, mala persona, animal o roig.
De la zona posterior de la Creu (Racó de la Memòria) los asistentes se desplazaron al interior del cementerio para escuchar más explicaciones de Garí sobre la fosa en la que se cree que al menos hay 130 personas enterradas. Los presentes reivindicaron la exhumación de todas las fosas de la isla.

Foto: V.Càneves, M.A.C.

Cort no recorrerà la sentència del monument al creuer Baleares. Memòria Històrica va exigir l’ensorrament del monument de la Feixina i va sol·licitar que l’Ajuntament no presentàs recurs

Gener 5th, 2012

Europa Press (4 de gener 2012)

Julio Martínez, portaveu de l’Ajuntament de Palma, ha assegurat que Cort “no pensa recórrer” la sentència del contenciós sobre el monument al creuer de guerra Baleares que estimava, en part, el recurs presentat per l’associciació Memòria Històrica de Mallorca, en criticar “les formes de l’antic equip de govern” per protegir aquest monument.

Es pot recordar que Memòria Històrica de Mallorca, després de conèixer la sentència en la qual es reconeixia que el govern d’Aina Calvo va utilitzar informes parcials per a la seva conservació, va exigir a Cort el passat mes de novembre l’ensorrament del monument de sa Feixina i va sol·licitar l’Ajuntament de Palma que no presentàs recurs.

En aquest sentit, Martínez ha explicat que en l’anterior legislatura va protegir de forma “irregular” aquest monument, perquè era necessari tenir informes interns i no només externs i ha recordat que el Govern municipal d’Aina Calvo només va demanar informes d’experts de la Universitat de les Illes Balears, és a dir, externs.

D’aquesta forma, Cort ha assenyalat que ja ha demanat informes pertinents als tècnics municipals perquè “valorin el manteniment del monument al creuer Baleares”, si bé ha manifestat que la intenció del Govern de Palma és no modificar la seva situació actual pel seu “valor monumental i pel seu valor artístic”.

Gener 4th, 2012