adjunt trobareu el comunicat de la Red Aqua (xarxa ciutadana de suport a la querella argentina contra els crims del franquisme) de la que Memòria de Mallorca forma part. El comunicat recull i amplia l’exposició que els advocats que duen endavant a Madrid la querella, Ana Messutti i Carlos Slepoy, van fer en roda de premsa celebrada el passat 8 de maig, com a conseqüència de les mesures preses pel ministre espanyol d’afers exteriors per impedir les declaracions dels querellants, víctimes de la repressió i dictadura franquista, declaracions que anaven a realitzar-se en el consolat argenti de Madrid mitjançant vídeo-conferència davant la jutgessa encarregada del cas, María Serveri de Cobria. A instàncies del govern espanyol, i pressionat per aquest,  l’ambaixador d’Argentina a Espanya va prendre la insòlita mesura de cridar a la Sra. Jutgessa per instar-la a suspendre les citades declaracions.

Però no ens faran callar, aquí o allà seguirem en la lluita per la Veritat, la Justícia i la Reparació.

Memòria de Mallorca.

ACERCA DE LA SUSPENSIÓN DE LAS VIDEOCONFERENCIAS

Madrid, a 10 de mayo, 2013.

El 8 de mayo estaba destinado a ser un día histórico: las víctimas iban a ser escuchadas por videoconferencias por la jueza María Servini de Cubría que instruye la querella argentina contra los crímenes del franquismo. El gobierno español intervino, en el último momento, para impedirlas.

Los hechos son públicamente conocidos. En la mañana, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español envío una nota a la embajada Argentina en Madrid manifestando que, por noticias aparecidas en los medios de comunicación de ese mismo día, se había enterado que la jueza argentina tenía prevista la toma de declaraciones por videoconferencia en relación con una causa sobre genocidio durante la guerra civil española y el franquismo.

Continuaba señalando que cabía recordar que para poder llevar a cabo diligencias de naturaleza jurisdiccional las mismas debían ser gestionadas mediante una Comisión Rogatoria dirigida a dicho Ministerio porque así lo impone, en sus arts. 30 y 41, el Tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal suscrito el 3 de marzo de 1987 entre Argentina y España y, agregaba, que así había sido con respecto a diligencias similares practicadas con anterioridad (sic).

Como es igualmente sabido, el embajador argentino llamó inmediatamente al juzgado e informó a la jueza que el Director de Asuntos Consulares del Reino de España le había manifestado el descontento y malestar que causaba a sus autoridades el procedimiento que se utilizaría para la recepción de los testimonios al encontrase fuera del tratado bilateral entre ambos países, no cumpliendo las formas y que, de realizarse, aquellas podrían ser nulas y afectar los derechos de los ciudadanos españoles, como también que dichas autoridades harían una presentación formal de queja ante la Embajada que el mismo preside.

Ante esta situación la jueza decidió suspender por el momento las audiencias testificales previstas, sin perjuicio de lo que decida en su oportunidad.

Hemos transcrito casi literalmente la nota verbal del Ministerio español y la resolución de la jueza, que da cuenta de la llamada del embajador, sin variar un ápice sus contenidos. (Se acompañan con este escrito los documentos reseñados).

Era necesario a efectos de analizarlos, y dada la frustración que la suspensión de las videoconferencias ha generado entre quienes iban a declarar, entre los querellantes y, en general, entre todos los que siguen con expectativa y esperanza el procedimiento judicial argentino.

Comenzaremos por el Tratado bilateral. Algo de lo señalado anteriormente es cierto, la recepción de estos testimonios está fuera del mismo. El Tratado está destinado a favorecer la asistencia mutua en todos aquellos supuestos en que sea necesaria la práctica de medidas por parte del país requerido. Así se desprende claramente de los artículos antes citados y de su totalidad.

No se precisa de la asistencia cuando las diligencias pueden ser realizadas por los tribunales del país que ejerce la jurisdicción a través de sus legaciones diplomáticas. Si, en casos como el presente, los testigos citados se negaran a declarar, sería evidentemente necesario tramitar una comisión rogatoria para que por parte de las autoridades judiciales del país requerido se les convoque para que efectúen su declaración. No lo es naturalmente cuando los testigos se someten voluntariamente a una jurisdicción, en este caso de un país extranjero, ya sea viajando al mismo o prestando su testimonio desde la embajada o el consulado de dicho país. Las videoconferencias tienen precisamente por objeto evitar el oneroso desplazamiento que implica el traslado de un país a otro.

Deslindada esta evidente y elemental cuestión hagamos un poco de breve historia.

Desde el consulado argentino en Madrid, situado en el mismo edificio que la embajada, se realizan en forma periódica videoconferencias en las que declaran víctimas y testigos en las causas que instruyen los jueces argentinos contra los responsables de la última dictadura argentina y los de las dictaduras latinoamericanas. Nunca el Mº de Relaciones Exteriores español tuvo la ocurrencia de invocar el tratado para impedir su concreción. Esto lo sabe naturalmente el embajador argentino, como sabe, es su casa, que la embajada es territorio argentino. El supuesto es idéntico, aunque parece tener una diferencia: en este caso se trata de investigar los crímenes del franquismo.

Es conocido que, desde que se inició la causa, la jueza argentina libró dos comisiones rogatorias. La primera a efectos de que se le informara acerca de las investigaciones que se estaban realizando en España en relación con estos crímenes. Como era de esperar la Fiscalía General del Estado contestó, muchísimos meses después, que existían investigaciones por doquier y de paso que, debido a ello, no era competente la jurisdicción argentina. La segunda requeriendo a las autoridades españolas para que le transmitieran una larga e importante serie de informaciones, entre ellas la identificación precisa y fe de vida de múltiples responsables de los crímenes cometidos. La Fiscalía esta vez subió el listón: no sólo dejó de contestar a todas y cada una de las peticiones, sino que reiteró, como si nada se le hubiera pedido, que todo se estaba investigando, que Argentina no era país competente y, con inigualable hipocresía, que invitaba a la juez argentina a remitir sus actuaciones a España para incorporarlas a las causas en curso. Esto cuando ya, en febrero de 2012, el ínclito Tribunal Supremo había resuelto que nada se podía investigar porque, entre otros peregrinos razonamientos, los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo no eran tales en el momento que se cometieron.

Es evidente que el Mº de Relaciones Exteriores pretende lo mismo con las videoconferencias: que se solicite su autorización para realizarlas y responder, varios meses después, que no las consiente porque, una vez más, la jurisdicción argentina no tiene competencia.

Como se ha señalado, el argumento esgrimido es que debía actuarse de conformidad con el Tratado porque, en caso contrario, los testimonios podrían ser anulados y afectar los derechos de los ciudadanos españoles. De los declarantes se entiende.

Sería risible, si no fuera trágico y burlesco. El gobierno español preocupado porque las víctimas del franquismo no vean afectados sus derechos.

Las víctimas están intentando declarar y que se les haga justicia desde la comisión misma de los crímenes. Se les ha impedido naturalmente durante la dictadura y se les impide insólitamente en democracia. Ha ocurrido otra vez más, otra vez con malas artes. Se las revictimiza impidiéndoles ejercer sus elementales y fundamentales derechos con la inocultable intención de que desistan.

Vano propósito. Ni las pararán, ni detendrán la querella argentina. Unas y otra gozan de excelente salud.

Era sabido que el gobierno español ejercía presiones intentando paralizar la causa. Ahora mostró públicamente su cara, amparadora y encubridora de criminales y genocidas. Nada mejor que ello acredita la fortaleza de nuestra causa.

Pronto estaremos en Buenos Aires, acompañados de legisladores y alcaldes, para seguir ofreciendo nuestros testimonios. Pronto podrán ser llamados por la justicia los que tan inmenso daño produjeron en nuestra sociedad.

No podrán evitarlo, acabaremos con la impunidad del franquismo.

 Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina – Red AQUA

http://www.insurgente.org/index.php/template/tribunales/item/5300-amnist%C3%ADa-internacional-pide-al-gobierno-espa%C3%B1ol-que-no-obstaculice-las-investigaciones-de-los-cr%C3%ADmenes-franquistas

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al Gobierno español que no obstaculice la investigación de la jueza argentina María Servini sobre los crímenes del franquismo, después de que la magistrada tuviera que suspender el miércoles la declaración por videoconferencia de tres testigos desde Madrid.

También varios partidos españoles de izquierda solicitaron hoy la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, en el Parlamento español para que explique la posición del Gobierno de España en este asunto.

A juicio de estos partidos, liderados por Izquierda Unida (IU), “da la impresión” de que el Ejecutivo del Partido Popular (centro-derecha) quiere “exportar” a Argentina las “dificultades e impedimentos” con las que -dicen- se ha encontrado en España cualquier colectivo que ha tratado de que la Justicia investigara los crímenes del franquismo.

Por su parte, la directora adjunta de Amnistía Internacional en España, Eva Suárez-Llanos, afirmó que la suspensión supone “un nuevo revés” para las víctimas de la dictadura de Franco, tres de las cuales iban a declarar ayer en el consulado de Argentina mediante videoconferencia por la causa abierta por Servini.

La jueza Servini decidió suspender las declaraciones después de que el Gobierno español reclamara a las autoridades argentinas la aplicación del tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal entre España y Argentina.

Según Suárez-Llanos la interpretación del Gobierno español de dicho tratado “supone una obstrucción a la acción de la Justicia argentina”.

Este tratado establece que las investigaciones judiciales entre jueces de ambos países deben hacerse a través del mecanismo de la comisión rogatoria (auxilio judicial internacional).

Suárez Llanos explicó que “la petición del Gobierno no se justifica, puesto que las declaraciones se iban a realizar en suelo argentino (en referencia al consulado argentino en Madrid donde se iba a realizar la videoconferencia) y, por tanto, no afectan a la disposición sobre asistencia judicial que contempla el tratado”.

La directora adjunta de AI pidió al Gobierno español que investigue los crímenes, que colabore con la Justicia y que no obstaculice la investigación argentina. “De esta forma, las víctimas podrán acceder finalmente a su derecho a la verdad, justicia y reparación tal y como señala las normativa internacional de derechos humanos”, dijo.

La jueza María Servini instruye en Buenos Aires la causa abierta a raíz de la querella que se presentó por “delitos de genocidio y/o lesa humanidad” cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista, que abarcan el periodo entre julio de 1936, fecha de la sublevación militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura.

La causa fue abierta en Argentina en virtud del principio de justicia universal y a ella se unieron muchas víctimas del franquismo después de que el juez español Baltasar Garzón, que llevaba el caso, fuera inhabilitado el año pasado por ordenar escuchas policiales en otro proceso.

http://www.lanacion.com.ar/1580435-amnistia-internacional-pide-a-espana-que-no-obstaculice-la-investigacion-de-crimenes-del-franquismo

 Ante la suspensión indefinida de las declaraciones por video-conferencia de los querellantes y víctimas de la dictadura franquista, que habrían de celebrarse a partir del día 8 de mayo de 2013 en el Consulado Argentino de Madrid, la FUNDACIÓN ANDREU NIN como parte integrante de la Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina (RED AQUA) quiere poner de manifiesto:

1º. Denunciamos la actitud del Gobierno español por las presiones ejercidas ante la Embajada de la República Argentina en Madrid, alegando la vigencia de un Tratado Bilateral en materia de Asistencia Judicial de fecha 3 de marzo de 1987. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España exige, de acuerdo con dicho Tratado, que para la realización de las diligencias jurisdiccionales se proceda a la correspondiente solicitud mediante Comisión Rogatoria.

2º. Estimamos improcedentes dichas exigencias puesto que las declaraciones se realizan en territorio argentino y ante una causa abierta en Argentina (Causa 4591/2010 del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la República Argentina). El Gobierno español carece de autoridad jurisdiccional para impedir los procedimientos judiciales en curso.

3º. Los delitos de genocidio, las desapariciones forzadas…, son crímenes contra la humanidad y de acuerdo con la legislación internacional tienen el carácter de imprescriptibles. Ante la negativa de la Justicia española para asumir sus compromisos con la ciudadanía de este país, la Justicia argentina está legitimada para proceder judicialmente contra el franquismo.

4º. Con su actitud el Gobierno español y el Partido Popular–una vez más-, demuestran su auténtica naturaleza: Su identidad con la herencia de la criminal dictadura franquista y su compromiso con el mantenimiento de la impunidad. Se persigue evitar el conocimiento, por parte de la sociedad civil, de los crímenes y delitos cometidos por el franquismo.

5º. Manifestamos, públicamente, nuestra solidaridad con las víctimas del genocidio franquista, de la Dictadura y de la Transición, así como nuestra indignación por la prolongada situación de indefensión y desamparo de las mismas.

6º. Desde la FUNDACIÓN ANDREU NIN apoyamos todas las iniciativas unitarias que desde la RED AQUA puedan desarrollarse y que den, cumplida respuesta, a la nueva situación creada.

7º. Llamamos a la “mayoría social” de este país, a los partidos democráticos y de izquierda, organizaciones sindicales, movimientos sociales, Asambleas Populares y en especial a las que trabajan en la recuperación de la memoria histórica, a preparar y articular una contundente respuesta cívica en defensa de la DEMOCRACIA y contra la pervivencia de todo residuo franquista en la sociedad española.

¡POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN!

¡ADELANTE CON EL PROCESO JUDICIAL AL FRANQUISMO!

Madrid, 9 de mayo de 2013

JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN ANDREU NIN

]]> http://www.memoriadelesilles.org/wordpress/2013/05/10/la-fundacio-andreu-nin-contra-el-boicot-del-govern-a-les-declaracions-de-les-victimes-dels-crims-franquistes/feed/ 0 http://www.memoriadelesilles.org/wordpress/2013/05/10/la-izquierda-pide-explicaciones-a-margallo-por-impedir-la-declaracion-en-argentina-de-las-victimas-del-franquismo/ http://www.memoriadelesilles.org/wordpress/2013/05/10/la-izquierda-pide-explicaciones-a-margallo-por-impedir-la-declaracion-en-argentina-de-las-victimas-del-franquismo/#comments Fri, 10 May 2013 05:12:29 +0000 Funes http://www.memoriadelesilles.org/wordpress/?p=4054 Continua llegint →]]> PÚBLICO (9 de maig 2013)

Exteriores se quejó ayer al embajador de Argentina en Madrid por lo que habrían sido los primeros testimonios de represaliados ante la Justicia y obligó a la jueza que lleva el caso a aplazar sus declaraciones.

¿Por qué se presionó para paralizar la que habría sido la primera declaración ante la Justicia de las víctimas del franquismo?

Esta es la pregunta que el Grupo parlamentario de La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y Cha) junto al Grupo Mixto (Amaiur, ERC y BNG) han lanzado a José Manuel García Margallo un día después de que el Ministerio de Exteriores que dirige obligara a la juez María Servini, que instruye en Argentina la causa abierta contra la dictadura, a aplazar las declaraciones de tres víctimas a través de una queja formal.

Ambos grupos han exigido que el ministro dé explicaciones tanto en la comisión parlamentaria de Exteriores como en la de Justicia porque “da la impresión de que el Ejecutivo del PP quiere ‘exportar’ a Argentina todas las dificultades e impedimentos con las que se ha encontrado históricamente en el Estado español cualquier grupo, asociación o colectivo que ha tratado de que el sistema judicial tomara cartas en cualquier asunto importante directamente vinculado con el franquismo”.

Tal y como informó ayer Público, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió una nota verbal al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, mostrando su rechazo a la toma de declaración de las víctimas al no respetar el “tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal de 1987” que, a juicio del Gobierno español, obliga a Argentina a cursar una solicitud mediante comisión rogatoria para poder realizar las videoconferencias.

Servini instruye en Buenos Aires la causa abierta en virtud del principio de justicia universal por la querella presentada por los delitos de ‘genocidio y/o lesa humanidad’ cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Abarca el periodo que va desde julio de 1936, fecha del golpe de Estado militar, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones tras la dictadura. Los testigos habían sido citados a comparecer desde ayer miércoles en el Consulado argentino para declarar por videoconferencia en la causa en la que piden imputar a dos ministros del general Francisco Franco, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad.

En Guillem vivia davant la Creu de Pina, just al mateix lloc d’on se’n dugueren son pare a punta de pistola, i ell, sent un nin, ho va veure i ha tengut la imatge gravada tota la vida.

El varem entrevistar a ca seva, per gravar el capítol de “Memòria i Oblit” a Algaida. A la seva germana, Maria, també varem tenir ocasió de gravar-la una mica a aquella intensa reunió de familiars de desapareguts que organitzarem a l’edifici de Sa Riera.

Si obrim algun dia la fossa de Porreres, en Guillem i na Maria, fills d’Antoni Jordà, desaparegut i probablement assassinat i enterrat a Porreres,  ja no ho veuran. Sembla mentida que a hores d’ara encara troben que se’ls boicotegen els seus drets a la Veritat , la Justícia i la Reparació.

Se’n van, però ens deixen el testimoni, en els dos sentits d’aquesta paraula: les declaracions d’allò que van viure aquells terribles dies, i el relleu, perquè nosaltres continuem amb les seves reivindicacions.

Que la terra et sigui lleu, Guillem.

Associació Memòria de Mallorca.

Assumpta Bassa (Última hora, 24 abril 2013)

El Ajuntament de Son Servera proyecta desmontar el monumento de la cruz a los caídos, construido a principios de los años 40, para eliminar la última referencia franquista que queda en el municipio. La cruz está ubicada justo delante del local de la tercera edad. La decisión, impulsada por el equipo de gobierno, ha levantado voces a favor y otras en contra.

El alcalde de Son Servera, Josep Barrientos (PSOE), confirmó a este periódico este extremo que, según explica, «obedece al cumplimiento de la legalidad», además de considerar que «es una deuda que tiene el Ajuntament».

Añadió que «el arquitecto está redactando el proyecto para desmontar este monumento. Habrá opiniones diversas pero no queda otro remedio. Hay que cumplir la ley que obliga a eliminar todos los símbolos franquistas».

El alcalde recordó que «hay que recuperar la memoria histórica. Nosotros el año pasado inauguramos una placa dedicado a las víctimas de la guerra».

Desde el Ajuntament apuntaron que «somos conscientes de que hay gente que no está a favor, estamos en democracia y lo que está claro es que hay que respetar la legalidad».

La intención del Ajuntament no es destruir el monumento sino que, según explicó Barrientos, «con el tiempo podemos estudiar otra ubicación para la cruz. No descartamos instalarla en otros lugares como por ejemplo podría ser el cementerio. Pero no hay nada decidido al respecto».

El monumento, en su formato original, acogía un escudo franquista. Éste fue eliminado a finales de los 70 o principios de los 80, después de la Dictadura.

En el municipio ya no queda ningún otro símbolo de la represión franquista. También en la iglesia había una placa con los nombres de los caídos en el bando nacional que fue eliminada en los mismos años.

La decisión no ha sido acogida por igual entre todas las fuerzas políticas. Así, el PP, en la oposición, mostró su desacuerdo ante esta decisión municipal.

El portavoz popular, Jaume Servera, explicó a este periódico que «creemos que hay cosas más importantes que proyectar el desmonte de este monumento. No lo veo como un elemento para recordar el bando franquista. Creo que en el pueblo hay una cierta preocupación por esta decisión ya que se ve como un elemento arquitectónico y no se entiende el interés en retirarlo».

Servera añadió que «hay otras preocupaciones en el municipio. Sobre todo deberían apostar por una buena y transparente gestión municipal».

Si vols conèixer tota la informació, noms, indrets totes les fosses de la repressió de Mallorca durant la Guerra Civil, vine a la conferència, divendres 26 d’abril a les 20.30 a l’IES ALBUHAIRA, Muro:

“Les fosses de la repressió a Mallorca”, a càrrec de Manuel Suàrez Salvà, investigador, ha coordinat el projecte de l’Associació Memòria de Mallorca.

També us mostrarem un altre projecte de l’associació Memòdia de Mallorca: la digitalització de tots els consells de guerra (1936-1939) a través de la plana: www.toteslescauses.cat a càrrec de Tomeu Garí.

Hi col·labores: Muro, Memòria i Història i l’Associació Memòria de Mallorca.