PÚBLICO (9 de maig 2013)
Exteriores se quejó ayer al embajador de Argentina en Madrid por lo que habrían sido los primeros testimonios de represaliados ante la Justicia y obligó a la jueza que lleva el caso a aplazar sus declaraciones.
Esta es la pregunta que el Grupo parlamentario de La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y Cha) junto al Grupo Mixto (Amaiur, ERC y BNG) han lanzado a José Manuel García Margallo un día después de que el Ministerio de Exteriores que dirige obligara a la juez María Servini, que instruye en Argentina la causa abierta contra la dictadura, a aplazar las declaraciones de tres víctimas a través de una queja formal.
Ambos grupos han exigido que el ministro dé explicaciones tanto en la comisión parlamentaria de Exteriores como en la de Justicia porque “da la impresión de que el Ejecutivo del PP quiere ‘exportar’ a Argentina todas las dificultades e impedimentos con las que se ha encontrado históricamente en el Estado español cualquier grupo, asociación o colectivo que ha tratado de que el sistema judicial tomara cartas en cualquier asunto importante directamente vinculado con el franquismo”.
Tal y como informó ayer Público, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió una nota verbal al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, mostrando su rechazo a la toma de declaración de las víctimas al no respetar el “tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal de 1987” que, a juicio del Gobierno español, obliga a Argentina a cursar una solicitud mediante comisión rogatoria para poder realizar las videoconferencias.
Servini instruye en Buenos Aires la causa abierta en virtud del principio de justicia universal por la querella presentada por los delitos de ‘genocidio y/o lesa humanidad’ cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Abarca el periodo que va desde julio de 1936, fecha del golpe de Estado militar, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones tras la dictadura. Los testigos habían sido citados a comparecer desde ayer miércoles en el Consulado argentino para declarar por videoconferencia en la causa en la que piden imputar a dos ministros del general Francisco Franco, dos jueces y cuatro policías por delitos de genocidio y lesa humanidad.
